Quiénes deben implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial 

La Resolución 1565 de 2014, en su Artículo 1, dice que está obligada a implementar el plan “toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores o diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores”. Más adelante, en el título 6 “Alcance”, señala que: “ Si como organización, empresa o entidad poseo, fabrico, ensamblo, administro más de 10 vehículos automotores o no automotores, conductores, estoy obligado a adoptarlo, (Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 Estos apartes de la Resolución 1565 de 2014 han causado cierta confusión. Muchos han interpretado que solo están obligadas a implementar el Plan Estratégico aquellas organizaciones que tienen más de 10 vehículos, o más de 10 conductores de automotores. Sin embargo, el texto indica que la norma aplica sobre “flotas de vehículos automotores o no automotores”, lo que incluye carros, motos, bicicletas, etc. Así mismo, señala que quedan cobijadas las entidades que contraten o administren “personal de conductores”. Esto quiere decir que si en la empresa hay más de un conductor, que desarrolle actividades o utilice cualquier tipo de vehículo para cumplir fines misionales de la organización, entonces se debe elaborar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. En otras palabras: prácticamente todas las empresas están obligadas a diseñar e implementar este instrumento. .

La verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Respecto a la verificación del plan, la Resolución 1565 de 2014 dice que: “las organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas, deberán registrar el Plan Estratégico en materia de Seguridad Vial, ante el organismo de tránsito que corresponde a la jurisdicción en la cual se encuentra su domicilio, o quien haga sus veces”.

Los municipios que no cuenten con un organismo de tránsito, deben hacer el trámite ante la Alcaldía Municipal.

Si la organización es del orden nacional, debe efectuar el registro ante la Superintendencia de Puertos y Transporte.

En todos los casos, la misma entidad ante la que se registra el Plan Estratégico de Seguridad Vial es la encargada de hacer la revisión técnica del mismo, de hacer las observaciones a que haya lugar, de emitir un concepto de aprobación y de verificar el cumplimiento del plan.

La Resolución 1565 de 2014 indica que las entidades encargadas harán visitas de control por lo menos una vez al año. En dichas visitas se hará seguimiento del Plan Estratégico para emitir un acta de constancia. De acuerdo con la resolución 1565 de 2014, todas las empresas que cuenten con más de 10 vehículos de transporte tienen que haber entregado ante el ente competente de cada ciudad, municipio o Super Intendencia de Puertos y Transporte para operación nacional, el Plan Estratégico de Seguridad Vial, (PESV), de lo contrario serán sancionadas. El Ministerio de Transporte será el ente encargado de velar y auditar la implementación de este proceso en cada organización. Cada plan estratégico de seguridad vial deberá incluir cinco líneas de acción:

  1. Gestión institucional
  2. Comportamiento humano
  3. Vehículos seguros
  4. Infraestructura segura
  5. Atención a víctimas

Plazo para la Implementación del PESV 

En principio, la Resolución 1565 de 2014 estableció unos plazos para que las organizaciones y empresas presentaran por escrito sus planes estratégicos de seguridad vial. Estos plazos eran: 

  • Empresas con más de 100 vehículos: 8 meses a partir de la expedición de la norma
  • Empresas con un número de 50 a 99 vehículos: 10 meses a partir de la expedición de la norma
  • Empresas con un número de 1 a 49 vehículos: 12 meses a partir de la expedición de la norma

Sin embargo, cumplido el plazo muchas organizaciones no habían avanzado en la formulación del plan. Así que mediante la Resolución 1231 de 2016 se amplió el plazo fijando como fecha límite el 31 de diciembre de 2016.